¿Existen cientos de miles de activistas políticos contra Ayuso en Madrid?

Es de suponer que la señora Díaz Ayuso y su amplio club de fans no insistirán por más tiempo en que la manifestación de ayer domingo, que congregó a más de 250.000 personas reclamando una sanidad pública de calidad, es la expresión mágica de una huelga política de médicos, enfermeras y auxiliares sanitarios empujados por aviesos socialistas y perversos comunistas. Si así ocurriera, peor para ella; su arrogancia y ceguera política la acercarían de manera temprana al abismo político. Lo que viene sucediendo en Madrid -de manera singularísima-, y en otras ciudades y CC.AA. de España, no se diluye con la broma de que se trata de huelgas políticas. En realidad, se trata de la expresión ciudadana más genuina de todas, la más creíble, aquella que viene de la raíz profunda del ser humano: proteger salud y vida.

Este segundo rechazo popular masivo demuestra que las autoridades populares de Madrid -y su partido que los consiente- no están entendiendo nada de lo que ocurre. La alta preocupación ciudadana por el deterioro (desmantelamiento también) de la sanidad pública es tan clamorosa que ninguna artimaña, como la de intentar confundir con que se trata de una huelga política movida por la mano del sanchismo y el comunismo, llegará a prosperar. La cesión creciente a empresas privadas de la gestión de hospitales, otros centros, múltiples tratamientos sanitarios, y ahora la pretendida entrega también de la atención primaria, protestada con energía y determinación (huelgas incluidas) por los trabajadores sanitarios, está elevando la preocupación ciudadana a niveles cercanos a la alarma, prima hermana del miedo.

¿Qué pretendían conseguir los gobiernos populares precisamente ahora en vísperas electorales? ¿Acaso sospechaban que acusando a sanchistas y comunistas -o sea, lo peor sobre la tierra-, a médicos y demás personal sanitario distraerían a la opinión pública y ganarían también esta batalla sin apenas oposición ciudadana? Ha resultado que, más allá de la fuerza política e influencia de la oposición -la justa, no nos engañemos-, ha sido la ciudadanía quien de forma masiva se ha adueñado de la reivindicación y la protesta. Curiosamente son los partidos políticos los que van a su rebujo. Ni siquiera se explican la explosión ciudadana contra Díaz Ayuso.

 

«Son los gobiernos populares los que continúan resistiendo».

 

Deben existir razones desconocidas y muy poderosas para que, desde la presidencia de Sol, se mantenga tamaño pulso con cientos de miles de madrileños. No se entiende. Otras comunidades autónomas con problemas similares en la materia han llegado a acuerdos con los sindicatos con relativa facilidad y en escaso espacio de tiempo. Son los gobiernos populares, y no todos, los que continúan resistiendo. ¿Por qué?

Desde hace bastantes años, distinguidos militantes del PP, altos y ex altos cargos del mismo partido, consejeros, empresarios amigos, financieros, expertos tecnológicos, relaciones públicas, etc. vuelan a Estados Unidos de manera habitual. Algunos llegan a exagerar al decir que los populares mantienen una suerte de puente aéreo con la Norteamérica influyente y empresarial republicana con la que se entienden, hablan, se informan y conciertan. El lobby y la empresa son sus objetivos. Como consecuencia de estos viajes, también, varias de aquellas empresas ligadas al mundo sanitario vienen haciendo negocio en España de manera creciente y con tan gran éxito que nuestros conservadores hace tiempo que dejaron de tener una visión propia sobre la gestión de la sanidad pública, pues clonan las recetas ultraliberales norteamericanas hasta hacerlas suyas.

La creciente demanda ciudadana -y política también- europea, que exige mantener o no deteriorar aún más el llamado Estado del bienestar -sanidad, educación y pensiones públicas-, ha cogido hasta cierto punto a contrapelo a los conservadores. No obstante, por el momento al menos, han decidido combatirlo con mayor o menor intensidad y no abandonan su misión auto encomendada de seguir en la senda de la privatización de gran parte de estos servicios públicos, que en la mayoría de los países de UE también se consagran como derechos. De esta manera, continúan dándose la mano con los grandes grupos financieros del mundo -sean estos formales o informales- y en general, con empresas privadas cimeras que gestionan producción y servicios esenciales en gran parte del globo.

 

«Las empresas se dan la mano con los conservadores».

 

Coinciden estas posiciones encontradas entre defensores del Estado del bienestar y privatizadores de sus servicios con el movimiento de grandes empresas que se resisten, y combaten, a pagar mayores impuestos para hacer frente a gastos públicos acumulados en las sucesivas crisis de los últimos años. Es otra cara de la misma batalla. Las empresas, que en los últimos años han logrado rebajar a la tercera parte las aportaciones impositivas que realizaban hace cincuenta años, se dan la mano los últimos meses con los conservadores de toda condición. Así que no es de extrañar que políticos como Pedro Sánchez y la misma Von der Leyen, que piden la colaboración de los grandes conglomerados empresariales en la salida de la crisis de deuda, sean considerados como torpes antisistema.

Aunque, en realidad, de lo que no quieren darse por enterados nuestros conservadores es que nuestra amenazada y degradada democracia occidental es difícil que no caiga en el abismo de populismos y otros autoritarismos de no ser capaz de proveer de servicios públicos suficientes a sus ciudadanos. El alimento más deseado del populismo es el Estado del bienestar en derribo, y a no pocos grupos financieros e industriales parece que les importe poco. Desgraciadamente, hace bastantes años que no se oye aquello de que empresa y democracia son las dos caras de la misma moneda, que una no vive sin la otra.

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