Hoy puede ser un día funesto para la España democrática, o solo otro más de bramidos y machetazos en las trincheras de la palabra. La derecha política en la oposición, más furiosa que nunca desde que en los años setenta fuera liderada por Fraga con sus magníficos, hace tiempo que decidió desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa «por lo civil o lo militar», que se dice coloquialmente. Así que, si la manera más eficaz para atacar al Gobierno es siguiendo normas y usos democráticos, las utiliza, pero si al cabo no obtiene los resultados pretendidos, tira por la calle de en medio. Importan los resultados, nunca los medios para obtenerlos.
De esta manera viene ocurriendo desde que Sánchez tumbó a Rajoy por medio de una moción de censura en el Congreso. Los ejemplos (los malos ejemplos) son múltiples y variados, pero todos llevan el sonido estridente de una pólvora prima hermana del odio. Los últimos cuatro años de la política española son los más desabridos y estruendosos del periodo democrático último, solo asimilables a los estallidos producidos en el vientre de nuestro país en ciertas ocasiones críticas de la transición democrática.
La gran diferencia estriba en que hemos pasado del famoso “Váyase, señor González” al “dictador Pedro Sánchez”, o «el sátrapa de la Moncloa» y otros mil insultos e imbecilidades más. La construcción de ese mantra sobre la figura de Sánchez viene estupendamente a la derecha ya que contra el dictador está justificado todo, y oponerse, incluso con violencia, a sus decisiones es la obligación de todo demócrata. El PP que, junto con sus grandes apoyos empresariales, judiciales y mediáticos, cree que esta ficción sobre Pedro Sánchez es ya masivamente compartida por su electorado – y hasta en ambientes socialistas – decide apretar aún más e ir más lejos. El último arreón es exigir la convocatoria de elecciones ya, pues España no puede soportar ni un día más su presidencia.
Así pues, el estrés político con el que la derecha viene intoxicando a España, lleva al PP y Vox a elevar al Tribunal Constitucional una petición urgente para forzar la suspensión cautelar del pleno que ha de aprobar la reforma del Código Penal que suprime el delito de sedición, rebaja el de malversación y modifica dos leyes que anulan obstáculos para la renovación del Tribunal Constitucional, ahora encallada por la negativa a pactar con el Gobierno. Y cuando este órdago es aceptado por el Tribunal Constitucional, de mayoría conservadora, que se dispone a debatirlo hoy lunes, pudiéramos estar en la antesala de un disparate democrático tal que un órgano del Estado se impone a dos de sus tres poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, siendo este último el más genuino de ellos.
«Todo son palabras como venablos, descalificaciones y gresca».
Nadie pensó con anterioridad que algo parecido pudiera suceder, pero ha ocurrido. No hay antecedentes parecidos aun viniendo nuestro país de largos años de broncas políticas. Pero sucede, precisamente, cuando la campaña contra el dictador Sánchez está lanzada para informar de manera muy clara de que se reabre un tiempo de tensión política extrema en nuestro país una temporada. Todo parte de que entienden como no legítimo al Gobierno y deciden identificar a Pedro Sánchez con un dictador, aunque haya salido de las urnas como sus presidentes en anteriores legislaturas. A partir de ahí, todo son palabras como venablos, descalificaciones y gresca. Han existido en los últimos cuatro años decenas de ocasiones en las que se podrían haber encontrado Gobierno y PP para llegar a acuerdos, como el de renovación del CGPJ – fiasco tras lo que comienza todo lo malo, parafraseando al gran Javier Marías – pero se cuentan con los dedos de la mano, y sobran (¿5?), las ocasiones en que esto ha ocurrido.
Nuestras derechas siempre han sido broncas y desabridas, pero en los últimos años se superan en el ejercicio extremo de la palabra, la marrullería y el lanzamiento de cualquier hueso a su alcance para dañar al adversario. La presente legislatura pasará a la historia como la más salvaje, y no solo por la inercia agresiva y abrasiva de la derecha, sino también por la exhibición alucinante en ocasiones de sus extremos por la derecha y la izquierda. La manifestación de los últimos días de la ministra de Igualdad, Irene Montero, enfrentándose a la derecha en el Congreso con parecida verbología extrema que Vox, no deja de ser penosa.
«El Gobierno tiene la mala costumbre de confundir a la opinión pública».
Claro que el espectáculo ofrecido por la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional pretendiendo suspender el debate parlamentario de una ley a petición de PP y Vox se escapa incluso de la imaginación más fértil, maliciosa y delirante. Pero como quiera que se ha producido, hemos de convenir que alguien, o algunos, lo habían previsto en sus escenarios estratégicos diseñados para acabar con el Gobierno, y han visto su gran oportunidad cuando el despistado, o acaso desesperado gobierno de Sánchez se atreve a modificar algunos artículos del Código Penal que rebajan las penas por malversación a los encausados en el procès y, sobre todo, a desbloquear la encallada renovación del mismo Tribunal Constitucional.
Sí, el PP ha decidido que los altos órganos rectores de la judicatura son suyos y boicotea, incumpliendo la Constitución, su renovación con el apoyo mayoritario, y al parecer brioso, de la mayoría de sus miembros. Todos los intentos de renovación han sido en vano. Hasta ha intervenido la Comisión Europea sin éxito y, tal como se va, quién sabe si tendremos que ir al Tribunal Europeo para dirimir más conflictos. Lo llamativo, sin embargo, es que continúa manteniendo amplios apoyos en diversos frentes políticos y sociales de numerosos ámbitos. Decenas de periodistas ultras se hacen notar en un manifiesto contra el dictador Sánchez y a favor de la democracia. De nuevo, se anuncia otro Sindicato del Crimen, como se llamó al grupo de periodistas conjurado contra Felipe González a principios de los noventa.
Claro que no he querido destacar los errores que, en esta ocasión – y otras parecidas-, viene cometiendo el Gobierno. Son muy conocidos, y sobre todo exagerados por la oposición política y mediática. El Gobierno, y en especial su presidente, tienen la mala costumbre de enredarse en los procedimientos y confundir a la opinión pública de vez en cuando, al lanzar de manera atropellada, poco acabadas y con un tiempo acotado y corto para su aprobación, potentes iniciativas políticas y legislativas, no siempre sencillas de entender y a menudo conflictivas. En una de estas situaciones nos encontramos. Modificar a la baja la malversación que toca a políticos del procès, suprimir la figura jurídica de la sedición y cambiar el procedimiento para nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional parece demasiado para solo una tarde de pleno parlamentario. Y todo presentado en una única cesta.
