Modificar la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, sí o sí

El Gobierno tiene en cola grandes retos que resolver por delante, o al menos intentarlo; casi todos ellos complicados y alguno explosivo y urgentísimo. Debe cambiar aquellos artículos de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, o la ley del solo sí es sí, que llevan a que fiscales propongan y jueces decidan reducir penas a condenados por diferentes delitos relacionados con abusos y agresiones sexuales. En escasas seis u ocho semanas, se han rebajado penas de cárcel a más de trescientos condenados por estos delitos y excarcelado a decenas de ellos. La senda futura en la aplicación de esta ley ya está marcada de manera temprana por la alarma social que viene produciendo.

Viene siendo el titular del momento en todos los medios, y singularmente en las cabeceras locales y provinciales. A modo de ejemplo, traigo aquí el titular del periódico El País de ayer domingo, 29 de enero: “Alarma en Lleida tras la liberación de un violador”.  Y el comienzo de la crónica que sigue: “Todas las alarmas se dispararon – y todas a la vez – la madrugada del jueves al viernes en Lleida. Una joven denunciaba que había sido agredida sexualmente en las inmediaciones de (…) El pasado lunes abandonó la prisión – medio año antes de lo previsto, beneficiado por la ley -…” Las excarcelaciones son todas noticia de portada o apertura de informativos, y la mala sensación y excitación de la gente es comentario creciente en oficinas, bares o tertulias.

La mayoría de la población participa de la inquietud. ¿Y el Gobierno? Sabemos que también está preocupado, pero ¿por qué no ha intervenido ya? El Presidente y los partidos que le apoyan – aunque desde fuera sea difícil de entender, pues el desaguisado es palmario – tienen que tocar, y lo deben de estar haciendo, demasiadas teclas para que la reforma de una ley, cuya aplicación escandaliza, no les explote de tal manera que llegue a calcinarlos en vísperas de elecciones.

 

«Una de las principales responsables es Irene Montero».

 

Claro que una de las principales responsables de todo esto es la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien, al conocerse los primeros reveses judiciales – reducción de penas a condenados y presos a la calle – responsabilizó de ello a “los jueces machistas”, sin atender en absoluto a la letra de ley, como ya lo había hecho en anteriores ocasiones al comenzar su tramitación como anteproyecto en el seno del Gobierno. Entonces, se enfrentó a la vicepresidenta Carmen Calvo, que pedía la maduración jurídica del borrador de proyecto; y Pablo Iglesias, por aquella también vicepresidente, por el contrario, llamó al entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, “machista frustrado”.

Así que esta ley quiso venir desde su concepción misma con el sello único de Unidas Podemos (UP), ni siquiera del Gobierno. Con ella, los dirigentes de UP no jugaban solo a atender el drama del abuso contra las mujeres, que escandalizaba hace dos años y asusta hoy, sino a liderar el movimiento feminista español en su conjunto. Tronchada, aunque no definitivamente rota la entente con Yolanda Díaz y su proyecto Sumar – que acapara el éxito del diálogo social, ERTEs y un desempleo decreciente -, la patrimonialización del movimiento feminista debía ser cosa de Unidas Podemos. De ahí viene su increíble reacción. “Soberbia infantil”, la ha definido Manuela Carmena, que los conoce bien. Pero también radicalismo y despecho.

La Moncloa filtra las últimas horas que enviará al Congreso de los Diputados la modificación de los artículos de la ley del solo sí es sí que llevan a los jueces a reducir penas a condenados por delitos sexuales y adelantar en el tiempo la salida de prisión de otros. Lo hará. La propia Irene Montero ha declarado que acepta la indicación del Presidente de abordar el asunto con diligencia. Así que se procederá a la modificación de la ley. Lo que nadie sabe es si será posible al final y, sobre todo, qué efectos tendrá la tensión política interna que conllevará este proceso en la estabilidad del Gobierno. Porque, a buen seguro, esta es la razón que lleva a Sánchez a tratar con tamaña prudencia un asunto que abrasa al Gobierno y a su partido.

 

«Ningún partido radical ha generado movimientos sociales plurales».

 

Más allá de las consecuencias políticas que traerá la renegociación de la ley en el seno del Gobierno, lo que sí está claro es que la ya larga tensión y enfrentamientos dentro del movimiento feminista español se ha agudizado con el fallido funcionamiento de la ley y el empecinamiento de la ministra de Igualdad en no tocar el texto. Sin ir más lejos, ¿qué puede pasar el 8-M, día de la mujer? ¿Seguirá en el Gobierno Irene Montero? ¿Se mantendrán las manifestaciones unitarias que, de forma masiva, vienen llenando las calles de España los últimos años? La ley puede enderezarse, pero lo que parece tener difícil sutura es la herida profunda en el movimiento feminista que ha producido el fuerte desencuentro entre socialistas y UP en los últimos tiempos. Las últimas pretendieron dar el sorpasso, también en este terreno, ampliamente trabajado y liderado desde hace décadas por las socialistas. Pero estas no se dejaron.

Así que, pasado el tiempo, se advierte como un error dejar esta parcela política y social esencial en manos de UP. Sobre todo porque ningún partido radical y doctrinario ha generado grandes movimientos sociales amplios y plurales. Ellos siempre trabajan sobre idearios cerrados y excluyentes. Puede haber muchos tipos de feminismos, aunque el más provechoso para todos será aquel que alcance la igualdad total con el hombre sin tutelas.

En algún momento, pensamos que Pablo Iglesias trataría de tirar los muros de la Moncloa con la fuerza de su coleta, pero no fue así. Salió escopetado. Como movido por el hastío que producen años de rabia. No sabemos cómo llegan a la cabeza de Irene Montero los golpes de su corazón. Seguramente es lo que quiere saber Pedro Sánchez. Es año de elecciones. Los partidos a su izquierda solo emiten ruido. Pero claro, la inquietud que traslada el goteo de presos que salen a la calle anticipadamente por mor de una ley no entiende de componendas políticas. Sánchez lo sabe, pero Montero no parece darse por enterada.

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