Llama la atención (mucho) la determinación del Gobierno de paralizar la ampliación de la tercera pista del aeropuerto barcelonés de El Prat tan solo días después de haberla autorizado. Se suponía que la aprobación de una inversión enorme, superior a los 1.700 millones de euros, y que venía a atender una de las demandas más insistentes del empresariado barcelonés (aeropuerto con mayor capacidad de vuelo y negocio), era apoyada por el gobierno de la Generalitat y las fuerzas políticas que lo forman y sostienen en el Parlament.
Pero no era así. La fuerte crítica ciudadana, y también política, que concita su construcción por la afectación ecológica de la obra – se carga la laguna de La Ricarda, paraje natural protegido por la Red Europea 2000 – añade mayor confusión y encono político, si ello es posible, al conflicto catalán siempre explosivo.
El empresariado catalán ha reaccionado con gran irritación, sí, y los partidos que conforman el gobierno autónomo se han quedado a cuadros. Han debido preguntarse cómo es posible tamaño atrevimiento de Pedro Sánchez. Pero la explicación que da Madrid es bastante atinada. ¿Discutís y rechazáis una inversión que nos quema, dada la afección medioambiental que supondrá? Así que da marcha atrás y, aparte de dejar sin palabra a su oposición, recibe el aplauso de una opinión pública demasiado harta de contaminación y récords turísticos.
«En paralelo, se discute la subida del SMI».
Expertos, empresarios y administraciones habrán de hacerse cargo de que el empleo y la riqueza futura tienen que buscarla en caladeros que no nos asfixien tanto. Al fin y al cabo, una vez que esté encarrilado el coche eléctrico con millones de unidades circulando por el mundo, vendrá la eliminación de tanto olor a queroseno. Las políticas ambientales o van en serio o nos abrasamos.
En paralelo – como coincidencia feliz – se discute la subida inmediata del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El alza ya está decidida, aunque se espera un acuerdo sobre una cantidad apoyada por la tríada social: empresarios, sindicatos y Gobierno. También aquí los empresarios fuerzan el atasco. No aceptan una subida para este año. Afirman que no les salen las cuentas: habrá menos crecimiento y más desempleo. Pero con su firma o sin ella, el SMI subirá entre 15 y 20€ al mes.
Lo anterior quiere decir que, a pesar del rugido político que peina odios, hay asuntos que marchan según recomienda la ciencia y lo sensato: la lucha contra el cambio climático y la desigualdad.
