Pablo Casado pretendía que Pedro Sánchez y su gobierno se fueran gachos de vacaciones agosteñas. Intentó reventar la reunión del Gobierno y los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas del pasado viernes en Salamanca, protagonizando una rueda (des)informativa dos días antes, en la que llegó a superar su récord de noticias falsas. “No es verdad que el PP esté bloqueando la renovación del CGPJ”, llegó a decir entre otras incertezas.
Pero no debió de tener la información previa precisa, o acaso le diera igual, porque lo cierto es que el presidente Sánchez le respondió con dos huevos duros más a sus exigencias: las comunidades autónomas dispondrán del 54% de los fondos comunitarios y habrá 3,5 millones de vacunas más disponibles este mes de agosto.
Así que Pablo Casado y los dirigentes populares se encaminaban bien calentitos hacia la chicharrera veraniega cuando, ¡ay!, conocen con enorme alivio que el juez García Castellón, titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, ha cerrado la instrucción sobre el escándalo Kitchen sin nombrar siquiera a Mariano Rajoy en el auto y deja libre de todo cargo o imputación a María Dolores de Cospedal, pues “no se puede penalizar el derecho de reunión”, que disfrutó en sus numerosos encuentros secretos con Villarejo.
El auto, conocido horas antes de la gran diáspora veraniega, sin embargo, es un hueso tan largo y duro de roer que será difícil digerirlo incluso en agosto, el mes que lo volatiliza todo. Así que, de no mediar serpiente o escualo de verano, septiembre llegará con mil preguntas y otras mil dudas más sobre la muy llamativa y sorprendente instrucción judicial.
«Uno de los actos más bochornosos y aborrecibles de nuestra democracia».
Bastaría, no obstante, con que se pudiera explicar cómo es posible que un ministro de Interior – amigo del alma del presidente -, su número dos en el ministerio y los más altos responsables policiales se dedicaran a salvar de la quema judicial a la cúpula del PP durante 20 años sin que lo autorizara o conociera al menos su presidente, Mariano Rajoy, ni la secretaria general, María Dolores de Cospedal.
¿Es posible que ambos fueran ajenos a uno de los actos más bochornosos y aborrecibles de nuestra democracia: un ministerio trabajando clandestinamente contra una investigación judicial abierta al PP, como consecuencia de los papeles de Bárcenas, para salvar de posibles responsabilidades penales a su presidente y a máximos dirigentes del PP de entonces e históricos?
La sala correspondiente de la Audiencia Nacional que debe encauzar ahora la instrucción tiene tarea; pues, si aún suena a broma que el M. Rajoy repetido en varios sumarios no es el presidente M. Rajoy, como sostienen los populares, cómo se defenderán ahora de esta afirmación del ex secretario de Estado de Interior:” Mi grandísimo error en el ministerio fue ser leal a miserables como Jorge (el ministro de Interior), Rajoy o Cospedal”.
«Peor se pondrá si se hacen públicas decenas de imputaciones».
Las dudas sobre el juez, que hasta ahora solo fueron comentarios entre especialistas, enterados e interesados, salen de ese círculo relativamente cómodo, y nadie advertido puede esperar que se queden en la repulsa de unos días, abanicada por unos cuantos medios de comunicación, y que no llegue a septiembre.
Es de imaginar también que los imputados, desde el ministro hasta el último policía, no estarán cómodos. Solo falta recordar algunas de las perlas que vinieron soltando en los últimos meses algunos de ellos, acudir a las agendas de Villarejo -también llamadas la enciclopedia de los escándalos – o leer en todos los medios que “el comisario Villarejo entrega al juez el numero completo de uno de los números de teléfono de móvil que (asegura) le dieron para contactos con Mariano Rajoy”.
Peor se pondrá para ellos si comienzan a hacerse públicas decenas de imputaciones judiciales, con condena posterior o no, por motivos idénticos o similares que ahora no cuentan para los que fueron números uno y dos del PP.
