Hace tiempo que no se habla de la excelencia de nuestra cocina. Los mil programas chef enlatados continúan emitiéndose y no sabemos cuántos los siguen. Es bien notorio, sin embargo, que aquello que llama la atención y preocupa es el escándalo callejero que provocan centenares de restauradores. Están desesperados; se han echado a la calle y apedrean con palabras a todos los gobiernos. Se entiende. El bar se hunde, el restaurante cierra y las cadenas hoteleras languidecen.
Cuando atacó la primera covid, la urgencia fue cómo mantener en pie a cientos de miles de pinches, cocineros, camareros y maîtres de hotel. Los propietarios se desgarraban por el tremendo coste de los alquileres y los costosos apalancamientos financieros que tenían firmados: “el banco nos crujirá”, musitaban unos; “adiós a mi bonus”, se lamentaba el ejecutivo. Llegaron ERTE de urgencia, moratorias de impuestos, renegociaciones de alquileres y el Gobierno se aplicó para sostener créditos y aplazar pagos y deudas. De todas maneras, el descontento en el sector se hizo baba blanca, no comprendían por qué ellos, por qué casi solo ellos, eran los ametrallados del destino por los malos gobiernos y sus miles de leyes, reglamentos, órdenes y desórdenes que debían cumplir. Por qué en Canarias se aplica una norma y en Galicia la contraria: si somos todos carne de la misma pandemia, ¿por qué medicinas diferentes?
“Todo se parece a la primavera de 2020”.
Hubo gobiernos (y persisten) que les dieron alillas: “ánimo, chicos, vosotros también sois esenciales”, pero ni un euro; y otros, que entibaron como pudieron miles de sus negocios, los hacen responsables de su pesadilla. El verano con sus rayos transparentes acudió para aliviarles, pero fue demasiado corto; ya en agosto reaparece fuerte el virus y, pronto, los boletines oficiales restringen terrazas y cocteleras. Están al borde del agotamiento después de tamaña pelea, pero continúan luchando contra el destino al que confunden con la Generalitat de Catalunya, el rígido gobierno regional de Valladolid, el PNV o el mismísimo Pedro Sánchez, el pararrayos (o el San Sebastián, según se mire) abierto a todas flechas.
La navidad es cortísima: un relámpago de cava; la enfermedad y la muerte acuden rápido para cobrarse el relajo y los pocos besos dados. Todo se parece a la primavera de 2020. El país vuelve a (casi) cerrarse. “No somos bares, restaurantes y hoteles los causantes de tanta muerte”, gritan en la calle, se lee en dípticos y exclaman en noticieros. Exhiben informes que muy pocos expertos avalan. Solo youtubers y alguna presidenta autonómica les dan cuartelillo. Exigen con fuerza ayudas directas al Gobierno de la Nación. Comunidades autónomas y ayuntamientos, los competentes en la materia, han hecho bien su trabajo y se escaquean.
“El Gobierno está obligado a comparecer en este frente”.
Estamos en estas. ¿Tienen razones para la exigencia? Seguro que sí. La mayoría está desesperada y otros muchos también empujan a ver qué les cae. De la crisis de liquidez, amortiguada por los créditos ICO y otras ayudas, hemos pasado a otra aun más dramática de solvencia: decenas de miles no pueden sobrevivir o ya han echado la persiana. ¿Qué hacer? ¿Dinero en efectivo para los 270.000 bares y asimilados de España?
No hay helicópteros en el país para regar tantos jardines secos y, mucho menos, banco con euros suficientes con los que nutrirse. Pero el Gobierno está obligado a comparecer también en este frente de desdicha. Claro que sería deseable que ayudara solo a los negocios viables, pues llegar a los demás sería tirar el dinero sobre la ruina. El dilema es cuántos son viables y cuáles. El Banco de España ultima una serie de criterios con los que identificar a las empresas con futuro, y Hacienda estaría identificando qué fluía por las tripas de estos negocios en el año 2019: beneficios declarados, empleos, facturación, fiscalidad… para orientar hacia dónde dirigir las ayudas. El Gobierno está obligado a hacerlo de esta o cualquier otra forma parecida, Bruselas está atenta y deberá justificar el dinero empleado en este menester presentando facturas.
Por cierto, se debería prestar atención a la justificación de las liquidaciones que entregan las CC.AA. sobre los 16.000 millones de euros a cuenta que les facilitó el Gobierno para atender la emergencia de la covid. Las noticias que llegan no son buenas.
