Garzón tiene un problema. Y el Tribunal Supremo, también. El juez de Torres puede ser apartado, o algo más, de la carrera judicial, en tanto que nuestra vetusta institución judicial puede dolerse durante largos años a causa del desprestigio acumulado en estas semanas de confusión y ofuscamiento. Los grandes voceros de las libertades democráticas: New York Times, Le Monde, La República, The Guardian…, ya lo han anunciado: no entenderían que un juez pudiera ser apartado de su función por intentar meter la nariz en las matanzas autorizadas por Franco tras ganar la guerra civil. Y que nadie se engañe, detrás de esa opinión de papel están también los gobiernos y los parlamentos del mundo libre. Por tanto, la algarabía que defiende estos días a Garzón en España no es sólo el ruido furioso que emite la izquierda más airada. Es verdad que el Supremo no buscó la entrada en este jardín, pero también es cierto que no tuvo la inteligencia de bordearlo cuando algunos le llevaron de la mano hasta su puerta. Si de lo que se trata es de arrancar la toga a Garzón, como parece evidente cuando se acumulan las causas contra su persona en pocas semanas y al tropel, podrían escoger otro expediente menos simbólico. Porque lo que entiende la izquierda y el mundo democrático más cercano a nosotros al observar tanta firmeza en el Supremo por llevar a juicio oral a Garzón por haber revuelto en los años más oscuros y terribles del franquismo, es que no tiene interés alguno en que se aclaren aquellos tiempos de leyes de fugas y tiros de gracia. Lo que piden los descendientes y amigos de los asesinados es recoger los huesos de los suyos y, si fuera posible, que se les restituyera en su honor. Nada más. ¿Por qué no se entiende esta llamada?.
