Algunos – probablemente los de siempre – están muy preocupados porque la instrucción judicial por corrupción grave que se abre en el Tribunal Supremo contra el rey emérito Juan Carlos I podría complicarle seriamente el resto de su vida y de la institución de la Corona que ahora representa Felipe VI. Y manifiestan esa inquietud señalando a Pablo Iglesias y Unidas Podemos como agitadores de una “causa contra el rey Felipe y la Corona”. También señalan al presidente Pedro Sánchez por acción: unas palabras equívocas o desafortunadas; u omisión: no hacer callar al lenguaraz vicepresidente de la coleta y sus secuaces.
No obstante el ruido (no amaina el ruido atronador de la época), el peligro que anticipan y denuncian no parece que venga de esa parte extrema, o no solo. Es más temerario mantener enarbolada la bandera de rebato en el que insisten que el posible peligro de incendio político que denuncian.
Porque nuestra extrema derecha, tan de extracción franquista, y otra mucha derecha reaccionaria que ahora defienden tanto al rey como a la institución de la Corona, escaso apoyo le han prestado en las últimas décadas desde su restauración constitucional. En verdad, muchos de los reproches y críticas dirigidos contra La Zarzuela nacieron en su predio. Quienes realmente apoyaron, y sostienen, a la monarquía constitucional fueron (y son) los socialistas, tanto como Adolfo Suárez y, mira usted por dónde, Santiago Carrillo. Y todo ello sin que el partido de la rosa y el anciano comunista dejaran nunca de sentirse y proclamarse republicanos.
La confusión viene porque se ha decidido politizar también – a lo bestia a poder ser – la posible corrupción de Juan Carlos de la misma forma que se hizo con la pandemia por la covid-19 y, en general, con variados asuntos que normalmente no deberían pasar por el aserradero de la política más agresiva y los medios de comunicación doctorados en tramas y fake news.
“Que los defensores de la monarquía aclaren qué institución defienden”.
Una cosa es monarquía o república, el debate sobre su idoneidad en este tiempo, sus ventajas o inconvenientes más allá de las devociones o rechazos de cada uno de nosotros; y otra, la instrumentalización política de un posible caso de corrupción que se sustancia en el Tribunal Supremo. Así, es comprensible que se lleguen a confundir los afectos o rechazos de unos y otros hechos públicos de manera decidida. Por ejemplo, Felipe González, desde su prolongado confinamiento físico, acaba de recordar en declaraciones a la televisión española la presunción de inocencia de Juan Carlos, lo que es lógico, para a continuación insistir en el legado histórico extraordinario que deja su reinado, lo que también es cierto. Claro que estas palabras insistiendo en el reinado fructífero del rey emérito se pueden interpretar como el regate que el expresidente intenta hacer para tratar de minimizar o relegar un posible delito repugnante.
Todo indica que se pretende “defender” al rey Felipe VI acusando de felones e indignos a todos aquellos que son o se les da por republicanos agresivos o no. ¿No sería más perentorio que los sobrevenidos defensores de la monarquía aclararan antes que nada el tipo de rey e institución monárquica que defienden? Al periodista le parece que están reclamando en el siglo XXI esa clase de rey que se quedó en la babia del carlismo absolutista.
