A nuestros gobiernos les va la mano dura. Eso de acudir a la modificación del Código Penal para aplacar el ruido social que traen algunos delitos les mola. Y no solo son gobiernos de la derecha los que tienen ese especial apego por llevarnos a la cárcel con mayor facilidad, también al inconsútil Zapatero le sobrevino en ocasiones un parecido impulso.
Desde que el incombustible Juan Alberto Belloch promoviera a mediados de los noventa lo que él mismo llamó con pomposidad el «Código Penal de la democracia», su articulado ha sufrido no menos de una veintena de remiendos para sellar con mallazos más resistentes las cercas de nuestras prisiones y los corazones delincuentes. El pasado viernes 20, el ministro Gallardón – que no podía pasar por Justicia sin dejar su impronta de pedernal – comunicó tras el Consejo de Ministros el endurecimiento de numerosas penas y el establecimiento de otras nuevas. Por ejemplo, ciertos ex convictos serán vigilados en la calle y fisgonearán qué contamos por Internet no vaya a ser que incentivemos desde la red alborotos y violencias. Se instala la cadena perpetua revisable (¿qué es eso?) y se incrementa la persecución de la incitación al odio, ¿cómo procederán?.
El resultado de todo es previsible: más gente a la cárcel. O mucha más, porque nuestro país teniendo los índices más bajos de delincuencia de Europa es, al tiempo, quien alberga a mayor número de reclusos, en equivalencia, de todo el continente. Con independencia de ésta y otras consecuencias que traerá, parece cantada la pregunta que muy pronto hará nuestra permanente voz neoliberal: «¿Podemos pagar el creciente gasto penitenciario?». Y ella misma se responderá que es inevitable la privatización total o parcial del mismo. Pues, como todos sabemos, la privatización de los servicios públicos es el bálsamo de Fierabrás que han hallado nuestros triunfantes políticos y sus afamados inspiradores para mantener «unos servicios de calidad con menor coste».
El «ahí te pudras» con el que inundó la Inquisición tantos corazones de este país, y que muchos optimistas creíamos que se había ido desvaneciendo de buena parte de nuestra creencia colectiva, no parece que esté tan desgastado. Quizás por ello este peligroso in crescendo de la mano dura en los códigos sea aceptado con normalidad por la población. Aunque se comprende también que los efectos del Código Penal solo se entienden en su auténtica dimensión cuando un policía te detiene y esposa.
Por cierto, un nuevo artículo incorporado al Código (559) puede llevar a la cárcel a quienes difundan mensajes que inciten a la comisión de algunos de «los delitos de alteración del orden público«. Muchos pensamos que las protestas animadas desde Internet serán rigurosamente vigiladas. Cuidado.
