El Gobierno anuncia que recurrirá al Tribunal Constitucional la decisión de los gobiernos autonómicos de Cataluña y Madrid de que el usuario pague un euro por receta. Un día antes, el ínclito Montoro, amenazaba, engallado y enfático, que haría pública la larguísima lista de defraudadores a Hacienda. ¡Qué curioso!, ambas proclamas suceden cuando la poda de la sanidad pública parece más bien una tala y cuando ha concluido el plazo para que los defraudadores y «dinero negro tenientes» pudieran regularizar su situación con el fisco pagando poco más que una propina.
Estas son las acciones propagandísticas típicas de los gobiernos demagógicos, las que tienen escasa repercusión económica para el Tesoro y sí amplia resonancia pública. Con estas y otras proclamas de parecida intencionalidad no pretenden salvar su imagen sino simplemente darse un respiro y distraer a una opinión pública ora atónita, ora aterrorizada.
Porque los conflictos en la sanidad pública madrileña y la justicia española, por ejemplo, son bien severos. Los gobiernos de Madrid y España, respectivamente, han conseguido movilizar a todos los estamentos que los integran. En la sanidad madrileña está en pie de guerra desde el gerente de hospital al conductor de ambulancia, desde el catedrático y jefe de departamento de cirugía hasta el último celador. En la justicia, ídem. Desde el vocal del Consejo del Poder Judicial hasta el último abogado claman contra Gallardón.
Estas amplísimas movilizaciones no son consecuencia de las cizañas revolucionarias, y ni siquiera son gremiales o de interés propio. Se producen porque las decisiones políticas tomadas son de tan amplio espectro que terminan por meter el dedo en el ojo (y el bolsillo) de todos. Es verdad que la sanidad pública madrileña es mejorable y admite ahorros y que también nuestro sistema de justicia es ineficaz, lento y caro (3 000 M€ al año). La solución pasaría por una sabia combinación de gestión publica y privada de la salud y una determinada participación económica del que utiliza el sistema judicial, que sería deseable y hasta saludable. Pero no se puede imponer a las bravas, sin medir las consecuencias y por decreto.
Los gobiernos tendrán que bajar a la saludables salas de negociación. Y conseguirán ahorros, eso sí, compartidos.
